Defraudar al gobierno se ha convertido en un gran negocio para los delincuentes. Para hacernos una idea de la magnitud: la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) declaró en su informe de auditoría de 2021 que sólo por fraude y pagos indebidos se perdieron más de 662.000 millones de dólares. Además, estas auditorías generalmente ni siquiera incluyen el fraude de los programas relacionados con COVID. Los funcionarios federales afirman que es posible que se hayan malgastado otros 191.000 millones de dólares en ayudas al desempleo de COVID.
Las pérdidas son asombrosas y se ha abierto la caja de Pandora: los delincuentes disponen ahora de la tecnología, las herramientas y los conocimientos necesarios para saquear sistemáticamente el sector público a gran escala.
En respuesta a la creciente amenaza, el Presidente Biden ha prometido una gran ofensiva. En el discurso sobre el Estado de la Unión, afirmó que los grupos delictivos siguen robando "miles de millones de dólares", pero que "los datos muestran que por cada dólar que invertimos en la lucha contra el fraude, los contribuyentes recuperan al menos 10 veces más".
El contexto: El aumento exponencial del fraude en las prestaciones sociales en Internet
La pandemia provocó una carrera desenfrenada para digitalizar los servicios en persona y proporcionar una amplia ayuda financiera a los necesitados. Los organismos públicos se apresuraron a proporcionar acceso remoto a las prestaciones sin disponer del tiempo adecuado para garantizar que estas transacciones cumplieran las normas de seguridad deseadas.
La afluencia masiva de fondos públicos, combinada con una seguridad inmadura, creó un escenario ideal para los defraudadores. Los niveles y costes de fraude resultantes no han tenido precedentes. Se calcula que 80.000 millones de dólares -o el 10%- de los 800.000 millones repartidos en el Programa de Protección de Nóminas COVID fueron robados por defraudadores. Y eso son sólo pérdidas de un plan concreto.
La digitalización de los servicios del sector público es esencial, pero sin una seguridad adecuada hace que las prestaciones sean más
accesibles también a los defraudadores. En última instancia, el fraude en el sector público se ha convertido en un problema humanitario en el que los fondos públicos se pierden constantemente a manos de malos actores.
El problema: los programas del sector público no están diseñados para resistir el fraude en línea
¿Cómo están siendo desviados sistemáticamente programas públicos vitales -como los cupones de alimentos (SNAP), el seguro de desempleo y el sistema tributario- por delincuentes nacionales y extranjeros?
- Asimetría tecnológica: Muchos organismos públicos aún no han adoptado las tecnologías de verificación de identidad más resistentes a las amenazas. Algunos estados confían en métodos como la verificación por videollamada (por ejemplo, en Kentucky, Nevada, Nueva Jersey y Pensilvania) u otros métodos rudimentarios para evitar el fraude. Esto deja a los organismos en desventaja frente a los defraudadores modernos que utilizan tecnologías sofisticadas.
- La escala y la naturaleza evasiva del fraude: Tan pronto como un organismo identifica una trama y establece controles para mitigarla, los defraudadores encuentran rápidamente nuevas formas de explotarla. Los programas y la tecnología antifraude de las administraciones públicas deben ser muy adaptables para seguir el ritmo, lo que significa ir más allá de los procesos manuales y las normas empresariales estáticas. El alcance es demasiado grande.
Hoy en día, los ciberdelincuentes tienen fácil acceso a tecnología generativa basada en IA, como deepfakes, identidades sintéticas y ataques inyectados digitalmente que están saboteando los métodos tradicionales de seguridad online. Obtenga más información sobre la evolución del panorama de las amenazas en nuestro último informe aquí.
El impacto del fraude en el sector público
- Los estadounidenses se quedan sin apoyo: Los que más ayuda necesitan ven cortada su cuerda de salvamento. Más de 42 millones de estadounidenses dependen de las tarjetas de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) para cubrir sus necesidades cotidianas y alimentarse. Pero en muchos casos de fraude EBT, las personas se encuentran con que su cuenta ha sido vaciada: los delincuentes vacían las tarjetas en cortos períodos de tiempo, generalmente a través de fraude de toma de posesión de cuenta.
- El dinero de los contribuyentes se despilfarra o se gasta de forma ineficaz: El dinero va a parar a los defraudadores en lugar de a quienes más lo necesitan, lo que supone una burla para todo el sistema de prestaciones. Un golpe al presupuesto gubernamental debido al fraude es un golpe al nivel de servicios y atención que los estados y agencias pueden ofrecer, y el dinero ahorrado al frenar el fraude podría significar miles de millones más disponibles para ayudar.
- Gasto excesivo y desvío de fondos: El gobierno tiene que gastar cada vez más en el sistema de prestaciones porque no está funcionando como se pretendía.
- El fraude afecta negativamente a la imagen de Estados Unidos: Cuando no existen controles para frenar el fraude y los fondos destinados a servicios públicos caen en manos de malos actores y organizaciones delictivas, se socava la confianza en el gobierno y se daña la óptica de futuros intentos de ayudar a los más vulnerables de la sociedad.
La solución: Seguridad biométrica centrada en el usuario
La mayor parte del fraude en el sector público se debe a la falta de seguridad en el acceso remoto a servicios y prestaciones públicos. La solución se basa en la verificación de identidades fiables, que permite al gobierno estar seguro de que quienes reciben los fondos son los destinatarios previstos. Sólo hay una forma de estar seguro de ello a distancia: cotejando un documento auténtico con un rostro auténtico mediante tecnología de verificación biométrica.
¿Cómo funciona? Cuando una persona solicita una prestación pública o se registra en un servicio en línea, se le pide que realice un breve escaneado facial. La tecnología de verificación facial es esencial en este caso, ya que sólo el rostro puede cotejarse con un documento de identidad expedido por el gobierno, como el carné de conducir. Esto proporciona una imagen de referencia fiable de una autoridad gubernamental. Puede obtener más información sobre las numerosas ventajas de la biometría facial aquí.
Invertir en una sólida tecnología de verificación de la identidad es esencial para combatir el fraude, no sólo para proporcionar la seguridad que tan desesperadamente se necesita, sino porque en realidad será una iniciativa de ahorro de costes en beneficio del contribuyente. Las inversiones en tecnología de detección y prevención del fraude pueden reportar enormes beneficios, normalmente entre 10 y 100 veces el retorno de la inversión.
Dada la cantidad de dinero que está en juego, la forma en que los fondos robados socavan los esfuerzos humanitarios previstos y cómo estos fondos robados pueden alimentar nuevas actividades delictivas y de los Estados nación, se necesita una solución de misión crítica.
En última instancia, los organismos del sector público estarían bien posicionados para adoptar las mejores prácticas en torno a la tecnología biométrica de otras organizaciones líderes del sector público, como el Ministerio del Interior del Reino Unido, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, GovTech de Singapur y la Agencia Tributaria de Australia, que cuentan con estrategias maduras de seguridad biométrica facial en uso.
Puede solicitar una demostración de iProov aquí o leer más sobre este tema en nuestro reciente informe, Using Biometric Technology To Fight Public Sector Benefit Fraud (Uso de la tecnología biométrica para combatir el fraude en las prestaciones del sector público ):
